Una hecatombe. El Ministerio Público Fiscal pidió el procesamiento contra los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, con detención domiciliaria del primero. El escrito, firmado por los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano, reconstruye una presunta maniobra para alterar la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba con un objetivo concreto: que ambos magistrados (pareja entre sí) integrasen el tribunal encargado de intervenir en la denominada causa Bunge.
Según el dictamen, las resoluciones cuestionadas no fueron una interpretación posible de la Ley de Subrogancias sino una secuencia de actos dirigidos a “consumar el fin perseguido”, esto es, conformar un tribunal determinado para un expediente determinado.
Son los mismos camaristas que también son investigados por, presuntamente, haber viajado a Punta del Este en un avión privado propiedad de una empresa que era investigada por un delito ambiental.
El pedido de procesamiento por la integración antojadiza de las salas no descansa sobre una sola resolución. Los fiscales reconstruyen decretos, acuerdos internos, fechas de circulación de los expedientes y decisiones administrativas para sostener que Sánchez Torres y Montesi desplazaron el mecanismo legal de subrogancias y reemplazaron a los jueces que debían intervenir por otros elegidos desde la propia conducción de la Cámara.
La hipótesis es que la denominada causa Bunge fue el motor de esa ingeniería institucional.
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Para sostener esa reconstrucción, la Fiscalía reunió un volumen de prueba poco frecuente para una investigación de este tipo. El expediente enumera chats de WhatsApp, audios, documentación administrativa, acuerdos de la Cámara, fotografías, un pendrive con grabaciones, informes médicos y las declaraciones de más de treinta testigos, entre jueces, funcionarios, empleados judiciales y profesionales de la salud.
Pero el dictamen incorpora un segundo capítulo que termina explicando la lógica de funcionamiento que describen los fiscales. Todo cambia cuando la secretaria penal Celina Laje Anaya se niega a confeccionar una certificación porque entiende que la integración ordenada por Sánchez Torres no respetaba el régimen legal de subrogancias. La Fiscalía ubica allí el punto de partida de un proceso de represalias que se extendió durante casi dos años.
Hairabedian y Turano describen un esquema de hostigamiento permanente: gritos, humillaciones, pérdida de funciones, aislamiento, traslados de oficina, sobrecarga de tareas y presiones para aceptar un descenso funcional. El expediente sostiene que el objetivo era disciplinar a la funcionaria que había objetado la maniobra. La prueba médica incorporada a la causa habla de ansiedad, ataques de pánico, hipertensión, depresión y una incapacidad laboral prolongada, razón por la cual Sánchez Torres fue acusado también de lesiones graves agravadas por violencia de género.
El pedido de procesamiento (con detención para Sánchez Torres) acusación llega cuando ambos camaristas siguen siendo investigados por el viaje realizado en un avión privado a Punta del Este, un episodio que tuvo repercusión nacional y motivó comparaciones políticas con el caso del vocero presidencial Manuel Adorni.
Meses atrás, Sánchez Torres se ilusionaba con integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el aval de los gobernadores de “Provincias Unidas”, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, entre otros. Se lo hizo saber al empresario Roberto Urquía en una reunión que ambos mantuvieron en un bar de Nueva Córdoba. Sánchez Torres vio la posibilidad cuando se cayó la candidatura de Ariel Lijo. Sin embargo, luego del traspié electoral de Provincias Unidas, entendía que necesitaba el aval del “círculo rojo”. Eso le pidió abiertamente a Urquía.
La decisión final respecto del pedido de procesamiento quedará en manos del juez de la causa, Alejandro Sánchez Freytes. Pero el dictamen de Hairabedian y Turano deja instalada una hipótesis institucional de enorme gravedad: que detrás de las resoluciones cuestionadas no existieron errores administrativos sino un sistema destinado a controlar la integración de la Cámara Federal en causas de alto interés económico y neutralizar a quienes se resistían a ese mecanismo.
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