Cristina Kirchner instruyó a los presidentes de los bloques peronistas en el Congreso para que defiendan el lugar de sus legisladores en el Consejo de la Magistratura, después que el juez Diego Barroetaveña obtuvo una cautelar de Enrique Lavié Pico ante su pedido de declaración de certeza para saber si puede volver a postularse. La ex presidenta habría reclamado la misma condición que le dieron al juez para los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade y para los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.
Como informó LPO, el presidente de la Cámara de Casación Penal apeló a ese recurso para continuar en el órgano político del Poder Judicial que evalúa, controla, supervisa y sanciona a los magistrados. La discusión se originó porque varios consejeros pretendían lo mismo pero terminaba sujeto a la interpretación que se hiciera del desaguisado jurídico que quedó entre la ley original de 1998, la que impulsó Cristina como senadora en 2006 y lo que quedó después del fallo de la Corte Suprema en 2022, anulando una serie de artículos de la segunda y reponiendo la vigencia de la primera.
En efecto, los representantes de la oposición en el Consejo deslizaron ante LPO que el titular del cuerpo, Horacio Rosatti, también estaba “interesado” en que hubiera reelección para todos, con el objetivo de que continuara como vicepresidenta Agustina Díaz Cordero, su mano derecha en el edificio de Libertad 731. En Tribunales, niegan esa versión y aducen que la norma vigente es clara sobre la cuestión en debate.
La batalla por la permanencia de los consejeros escaló en todos los estamentos porque la apuesta de Barroetaveña desató la bronca de sus colegas de la Lista Bordó, liderada por el presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, y Mariano Llorens, el gravitante juez de la Cámara Federal porteña. Fuentes al tanto de las conversaciones dijeron a LPO que ambos estaban interesados en postularse por ese espacio y reprochaban con desprecio la jugada de Barroetaveña.
Frente a ese escenario, Fernanda Vázquez y Jimena de la Torre, representantes de los abogados en el Consejo, quisieron sumar su pedido de declaración de certeza al que ya había tramitado el titular del máximo tribunal penal del país, pero Lavié Pico las pateó a otro juzgado. La resolución del juez no es ingenua: Vázquez responde a Diego Molea, quien ya consiguió el apoyo de todos los rectores del país para volver al plenario de la Magistratura.
El retorno de Molea supone una revancha de los académicos contra Rosatti, que asumió la presidencia del cuerpo cuando la Corte volteó la conformación del Consejo según la ley Cristina y repuso la de 1998. En ese entonces, el presidente era precisamente Molea. “El regreso de Molea es un desafío al presidente de la Corte”, dijo un letrado que pisa fuerte en el Colegio de Abogados.
Siley y Tailhade.
Por eso, no llama la atención que en la última semana los embajadores de Molea, Vázquez y Hugo Galderisi, se negaran a votar por la afirmativa el presupuesto del Poder Judicial sin pasar por el plenario del Consejo de la Magistratura, algo que habría impulsado Rosatti en virtud del artículo 15 del reglamento. “No queremos quedar presos de una interna que no es nuestra”, habría dicho uno de ellos para despegarse de la voluntad de Rosatti.
En medio de esas tensiones cruzadas, los kirchneristas Mayans y Martínez tramitaron ante el fuero contencioso administrativo la misma solicitud que Barroetaveña, Vázquez y de la Torre. “Solicito que se despeje el estado de incertidumbre para que se establezca que el bloque que presido se encuentra en plenas condiciones constitucionales, legales y reglamentarias de considerar entre la nómina de integrantes la postulación de quienes actualmente ejercen la representación”, planteó el peronista santafecino.
El formoseño, por su parte, repuso que la cautelar que obtuvo Barroetaveña ordena al Consejo que “se abstenga de adoptar medidas que tiendan a limitar o afectar la posibilidad de que el actor se presente y participe como candidato a consejero”. Su planteo subraya, además, “la conexidad” entre su demanda y la del camarista. “Si la Justicia habilita a Barroetaveña, corresponde que también puedan continuar los legisladores”, sostuvieron desde el entorno de Cristina.
El problema es que los jueces y los abogados deben presentar listas en septiembre, lo cual encima la faena de actualización de padrones y cierres políticos de las candidaturas con la definición que tome el Consejo. Bajo esa perspectiva, fuentes judiciales suponen que la disputa puede terminar resolviéndose en la Corte Suprema.
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