Eduardo Bordas es un hombre que durante veinticinco años centralizó la gobernabilidad, los movimientos de personal y las compras de la Corte Suprema de Santa Fe. Al asumir como gobernador Maximiliano Pullaro, sabedor de ese poder real, lo citó a una reunión en la YPF de Arocena, a mitad de camino entre la capital provincial, donde tiene su casa el funcionario judicial, y Rosario que es donde el mandatario vive.
En la reunión que fue rápida el hombre que históricamente concentró las principales decisiones del Poder Judicial, incluso por encima de los ministros de la Corte, mostró el naipe que solía poner en la mesa frente a representantes del Ejecutivo a lo largo del tiempo. “Tené en cuenta -le dijo al gobernador entrante – que el poder real lo tenemos nosotros. Ustedes se van en cuatro años, nosotros nos quedamos”.
Desde antes de eso Pullaro tenía ideado un cambio en la Corte Suprema que incluía a Bordas de manera prioritaria. Al máximo tribunal el dirigente radical ya le renovó la mitad de los integrantes. Ayer se sacó de encima a Bordas a quien le descargaron todo el peso político y el mensaje de que el tipo de gestión que desplegó está agotado. El funcionario anunció que presenta la renuncia fechada el 1º de abril. La banca política que tenía en la cúpula judicial se agotó con el momento crepuscular de tres ministros que están hace veinte años y que también están de salida.
Eduardo Marcos Pedro Bordas, es un abogado de 69 años con 40 años de vida judicial. Docente universitario de Derecho Administrativo, dueño de gran inteligencia y sobre todo ambición profesional fue concentrando atributos para el manejo del poder y la plata de los tribunales de la provincia. Es el secretario de Gobierno de la Corte. Asuntos como construcciones edilicias, compra de tecnología o de servicios para la Justicia pasan por sus resortes desde una acordada que le delegó esas funciones y ministros que por confianza o conveniencia, según quién hable, lo dejaron hacer sin controles.
Este año a la Corte Suprema ingresaron tres nuevos miembros que son Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, a la vez que se retiraron los ministros María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Este recambio, no en bloque, le sacó a Bordas ese lugar de intocable. Con la contribución manifiesta y nada disimulada de otro cortesano, Daniel Erbetta, que rechaza el tipo de gestión administrativa concretada por más de 20 años por un funcionario técnico. Muy capacitado, de enorme aplicación al trabajo, con gran conocimiento de cada vericueto judicial de una provincia enorme, pero de segunda línea jerárquica.
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En 1999 hubo una acordada del máximo tribunal, la 41, que puso en manos de Bordas el control administrativo de la Justicia. Desde entonces su carrera se disparó con una autonomía que la política no se bancó más. En la Legislatura eso se empezó a conversar muy fuerte desde la renovación parlamentaria de 2023 y se afianzó en la Convención Constituyente que reformó la Constitución en septiembre pasado. El nombre y la función de Bordas aparecía de modo recurrente. Y ahora hasta de adentro de la Corte, como se lamentaba Ringo Bonavena, no le dejaron ni el banquito.
Para que la gravitación de Bordas declinara fue determinante la fortaleza política desde la que Pullaro mostró que reformularía la Corte y la mengua de poder de los tres ministros más antiguos que permanecen, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, todos los que pasaron los 75 años sin posibilidad de prórroga tanto según la Constitución reformada como la de 1962 que fue bajo la cual en su momento juraron.
Spuler ya presentó su renuncia para el 1º de septiembre. Falistocco y Gutiérrez, según refieren fuentes de la Gobernación, tienen en compromiso de que el próximo será su último año. Pullaro les dice que está de acuerdo pero que quiere, al igual que pasó con Spuler, la hoja de dimisión en papel membretado y con la firma. Si eso no pasa no va a esperar. Afirman que el gobernador hará la remoción mediante decreto.
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Para los tres cargos a designar impulsará un representante de cada estamento. Uno del sector político, otro del campo de los abogados y uno de la carrera judicial. De ellos al menos dos, lo saben, deberían ser mujeres. Hoy con siete miembros hay una sola mujer.
El gobierno propiciará un concurso para el reemplazo de Bordas pero las funciones casi sin contrapeso que se ejercen desde la Secretaría de Gobierno serán desmontadas tanto en el escalón normativo como en la administración real. También sobre eso parece haber consenso en la Corte reformada.
Erbetta, que había sido el último ministro que ingresó antes de esta camada última, designado en tiempos de Hermes Binner, siempre sostuvo de modo frontal que no estaba de acuerdo con la centralización de las funciones de gobierno que la acordada 41 le dio a Bordas. Incluso propuso por escrito su derogación. Su propuesta, que se verá si ahora tiene algún impulso, pasa por una reingeniería administrativa con descentralización de funciones, con áreas específicas de Planificación Estratégica, Infraestructura, Informática y de Gobierno pero con una dependencia y supervisión directa de los ministros de la Corte Suprema.
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