Dos ex camaristas de Rosario, recientemente jubilados, formularon un planteo demoledor contra la determinación del gobierno provincial de recusar a cuatro ministros de la Corte Suprema de Santa Fe que deben decidir sobre incidentes previsionales, iniciados en avalancha luego de que Maximiliano Pullaro lograra un cambio en la ley jubilatoria, que establece topes para los haberes de pasivos del sector público y fija retenciones a partir de determinados montos.
Los dos ex magistrados, con más de 35 años en el Poder Judicial y reconocimiento académico, dicen que con su planteo de apartar a cuatro ministros de la Corte se busca de manera abusiva integrar un tribunal que falle a favor de la pretensión del gobierno. Indica que la recusación es totalmente extemporánea porque se realiza cuando el trámite está por terminar y no cuando se constituyó el tribunal. Pero además habla de una situación promovida desde el Poder Ejecutivo de intimidación institucional que detalla en variados ejemplos.
Los impulsores del planteo son Carina Lurati y Daniel Acosta, miembros de la Cámara Penal de Rosario hasta 2024 y docentes de la Facultad de Derecho de la UNR. Ellos son amparistas contra la ley impulsada por Pullaro sancionada en 2024, que dado el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones de la provincia implementó recortes en haberes superiores a cierto umbral. Aquí solicitan que la Corte declare nula la recusación de los cuatro miembros que busca desplazar para que no fallen el tema jubilatorio y que proteja la intangilidad de las jubilaciones de los magistrados.
Pullaro recusó a cuatro ministros de la Corte para que no le tumben su ajuste a las jubilaciones top
Pero para cuestionar el hecho de que se busca componer una Corte a medida de la expectativa del gobierno, los dos camaristas concretan un análisis flamígero por lo crítico a políticas de seguridad y hacia la Justicia adoptadas por Pullaro. Las consideran no un acto aislado sino un capítulo más de “una escalada autoritaria”, y a su criterio instalan una advertencia sobre la necesidad de ponerles freno con herramientas democráticas.
Los magistrados dicen que esta escalada se manifestó con la instalación de una retórica que exalta la violencia institucional. Aluden a que tanto el gobernador como sus funcionarios no dudan en calificar una cárcel en construcción como “El Infierno” y que el objetivo de esa denominación es generar miedo, una forma de sufrimiento que es completamente ajena a la ley.
También remarcan que el Comité de Tortura de la ONU en su séptimo informe sobre Argentina publica el 28 de noviembre de 2025 sorpresa por hechos de violencia institucional en la cárcel de Piñero, que son tormentos denunciados por un órgano estatal de la provincia como el Servicio de Defensa, que no tienen precedentes en la provincia. “Si bien es cierto que existe una investigación en curso la misma tramita en total y oscuro secreto y con una mirada sesgada y acotada. Se investigan solamente apremios ilegales, con denuncias plurales y concretas de tormentos físicos y psíquicos”, destacan.
Definen que Pullaro acaba de anunciar un pedido de remoción a un magistrado “por la sola circunstancia de haber pronunciado un comentario en privado contrario a su agenda judicial”. Se refería al reciente asesinato de un joven de 30 años, Lucas Cicarelli, donde un juez de acuerdo a lo señalado por un periodista de Rosario había marcado que uno de los imputados identificados, con problemas de salud mental, podría no haber comprendido la criminalidad de sus actos. Ante eso Pullaro sostuvo que si lo identificaba le pediría un jury.
También sostienen que existe una política para seleccionar e instalar a funcionarios del sistema judicial o penal de manera discrecional que busca priorizar la afinidad, en la que el orden de mérito entre los aspirantes desapareció. “No sirven más para la elección del señor gobernador lo que el postulante pueda demostrar por la experiencia adquirida por los años de trabajo en un espacio (como abogado, o en el Poder Judicial o Ministerio Fiscal o Servicio de Defensa), menos aún por obras escritas en la materia, o docencia universitaria, conferencias, o los posgrados en los que se ha graduado. No hay más casilleros donde inscribir la historia de vida del concursante para un cargo en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe que tenga real validez”.
Pullaro toma una medida inédita para mantener el control de los presos peligrosos Los dos ex camaristas aluden a que el gobierno de Pullaro es irrespetuoso y agravia a todos los jueces ilustrando con el caso Luciano Nocelli que refiere a un policía condenado por homicidio en servicio al que el gobierno buscó hasta lograr que la Justicia diera vuelta la sentencia, que estaba confirmada en dos instancias, por considerarla desatinada, “concretando una presión indisimulable para que se expida a favor de la gente”.
Este caso, que fue un puntal de la política de Pullaro hacia las fuerzas de seguridad, implicó además que el gobierno elevara un proyecto de ley para capacitar a los jueces para que evalúen cómo actúan los policías en situación de estrés en casos de presunta legítima defensa a fin de ajustar la resolución de los casos a sus expectativas. Lo consideran un caso de adoctrinamiento inaceptable y una ofensa cuando el Poder Judicial tiene un Centro de Capacitación y cuando para ser abogado “en todas las Universidades se estudian materias sin las cuales no se otorga el Título habilitante”, que incluyen la valoración de los contextos y de la prueba disponible.
El caso cuestionado
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de diez millones de pesos), buscando equilibrar el sistema. Los jubilados que se sintieron afectados reaccionaron con centenares de recursos que tuvieron resoluciones dispares pero que llegaron a la Corte Suprema para que fije criterio definitivo.
El 20 de diciembre pasado el fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, pidió apartar a cuatro ministros de la Corte de las decisiones de amparos previsionales, indicando que todos tenían intereses creados por el hecho de estar próximos a la jubilación. Los apuntados fueron los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran este año, tienen en curso el trámite jubilatorio. El último, que se incorporó en 2025 al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
Frente a esto los ex camaristas Lurati y Acosta reaccionaron con un escrito en el que piden a los siete miembros de la Corte que rechacen in límine el planteo, pero donde hablan de avasallamiento institucional de parte de Pullaro con esta medida y alertan sobre una deriva autoritaria. Alertan de que si no se garantiza la independencia judicial acudirán en per saltum a la Corte Suprema para fallar en este caso por la gravedad de la situación.
Más allá del caso lo que indican es que Pullaro afecta la independencia del Poder Judicial en su máximo tribunal cuando para resolver este caso “acecha a sus integrantes iniciando un proceso de designación de ministros cuando no existen las vacantes para tal procedimiento”.
Esto es porque el gobernador mandó a la Legislatura en sesiones extraordinarias los pliegos de los candidatos que impulsa para reemplazar a Spuler, Gutiérrez y Falistocco. Cuando estos dos últimos no tienen formulada su renuncia y están en funciones, indican los jueces en su escrito, es un acto de violencia institucional que atenta contra la independencia del Poder Judicial.
Los ex jueces indican que esta acción es extemporánea y la consideran “una demostración de poder incalculable que se derramará hacia cada magistrado y funcionario del Poder Judicial”. Lo señalan con un ejemplo que le atribuyen al razonamiento del gobernador: “Si pude con la Corte, puedo con todos”. Sostienen que además habrá en caso de lograr el gobierno su propósito una especie de pedagogía perniciosa para cada magistrado, que puede inferir. “Si la Corte claudicó que no me pidan a mí que sea un héroe”.
Dicen además que la intención de reemplazar a los ministros de la Corte, incluso uno de los designados recientemente, se acerca a fallar “determinada sentencia de la Corte, lo que también incluye decidir “cuál es la Cámara desde la que serán sorteados los suplentes”.
Los peticionantes refieren que el fiscal de Estado de Pullaro recusa a los jueces cuando está vencido el plazo para dictar sentencia. Y destacan críticamente que los colegios profesionales, tanto los de Magistrados como los de abogados, están en silencio frente a esta situación y todo lo que ellos indican una reiteración de actos de avasallamiento a la independencia judicial.
También deslizan la idea de que el Fiscal de Estado actúa, a instancias de Pullaro, cuando ya podían haber votos emitidos de algunos miembros de la Corte para fallar en el caso de fondo sobre las demandas contra la ley previsional. Por eso le piden a la Secretaría del máximo tribunal provincial “se informe si fueron emitido los votos luego de su estudio por los ministros de la Corte y la fecha y en particular en relación a los cuatro magistrados en ejercicio recusados. Es indispensable se informe sobre los votos existentes en estas actuaciones y sus acumulados”. Dicen que de confirmarse que esto haya sido así -“hacia el mes de septiembre como lo informa la prensa”-no se justificaría que fue la parálisis de la Corte “la que posibilitó al Poder Ejecutivo a interponer esa “chicana” bajo forma de recusación”.
Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/files/rss/ultimasnoticias.xml