Javier Milei firmó hace un año un contrato confidencial con el hasta allí ignoto Hayden Mark Davis, a la postre fundador de la criptomoneda Libra y principal responsable del escandaloso lanzamiento que terminó en la estafa de cientos de inversores.
El contrato se firmó el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada. Ese día, Milei tuiteó una foto con “el empresario” Davis a quien nadie conocía. La explicación llegó quince días después cuando el presidente difundió el lanzamiento de Libra, que a los pocos minutos terminó en una estafa millonaria.
El diario Clarín accedió finalmente al texto del contrato confidencial que establece que Davis brindará “servicios de asesoramiento
en blockchain e inteligencia artificial”. La propuesta de Davis “tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado”.
“Pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración”, aclara el estadounidense.
Davis se compromete “a mantener la más estricta confidencialidad y “a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”.
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La nota del periodista Mariano Vidal agrega un dato muy interesante a la trama. “Ese mismo 30 de enero, luego de la reunión, dos billeteras cripto (wallet) atribuidas a Davis (HDS2 y HDS3) enviaron, cada una, 507.000 USDC (dólar cripto) a una wallet identificada como de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que aparece como intermediario”, indica. “En menos de tres horas, Mellino envió todo ese dinero a otra billetera señalada como CPE22, una presunta cueva cripto”, agrega.
Se trata de un mecanismo bastante habitual en los casos de corrupción, donde se utilizan “prestanombres” para hacer circular el dinero mal habido. En general se trata de personas de bajos recursos, jubilados o desempleados.
Se vio claramente en el caso de corrupción de la AFA, donde una jubilada y su hijo aparecen como dueños de una mansión de 18 millones de dólares o cuatro empleados de comercio endeudados de Bariloche aparecen como propietarios de firmas a las que se desviaron millones de dólares.
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