Resignación en el Congreso frente a la decisión administrativa de Adorni y Caputo que recorta 2,5 billones de pesos

Los bloques aliados y opositores del Congreso casi no tuvieron reacción política frente al ajuste de 2,5 billones de pesos que estableció el gobierno este lunes, a través de la decisión administrativa 20/2026, firmada por Manuel Adorni y Luis Toto Caputo. Como informó LPO, el recorte equivale a unos 1800 millones de dólares si se calcula al tipo de cambio oficial y afecta las áreas de energía, obra pública, provincias, salud, educación y programas sociales.

Desde el peronismo reconocieron que “derogar una decisión administrativa sería demasiado, por más que sea un espanto el contenido”. El argumento extendido en la Cámara Baja es que la reasignación de partidas está entre las facultades del jefe de Gabinete. “Hay que ganarle las elecciones a Milei”, resumió un diputado.

El tucumano Pablo Yedlin apeló a su usuario de X para cuestionar que los funcionarios “deciden que el ‘magro’ presupuesto que consiguieron votar en ambas cámaras del Congreso era ‘demasiados recursos’, por lo que en mitad de una crisis sanitaria descomunal, le quitan al @MinSalud_Ar de @Mariolugones_ar 63 mil millones de pesos”.

Yedlin detalló que la quita trepa a “25.000 millones en fortalecimiento a los sistemas provinciales de salud, 20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica, 900 millones del programa de salud sexual y procreación responsable, 831 millones del INCUCAI, 800 millones del programa de VIH, tuberculosis y hepatitis virales, y 500 millones de vacunas, entre otros”. “¿Pensará @JMilei que esto va a mejorar la salud de los argentinos? ¿Qué las provincias van a poder reemplazar los recursos con fondos propios? ¿Qué los argentinos van a poder gastar de su bolsillo, dada la bonanza que viviremos en los próximos 18 meses?”, precisó.

Polémica en Tucumán porque Caputo le cortó fondos a una obra clave que anunció con Jaldo hace un mes

Su colega Agustón Rossi denunció también que con esa decisión “se recortaron diversos programas del Ministerio de Defensa por la suma total de $48.904 millones, poniendo a las Fuerzas Armadas en una situación límite en términos operativos”. En tanto, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, presentó un proyecto de resolución para expresar “la más profunda preocupación” por el ajuste y posteó sus críticas al recorte de 5300 millones de pesos en las partidas para las universidades, un día antes de la marcha a Plaza de Mayo de docentes, estudiantes y nodocentes del sistema de educación superior.

Por su parte, el cordobés Juan Brugge elaboró un pedido de informes para “obtener precisiones sobre las restricciones aplicadas en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del país”. “Resulta indispensable que el Gobierno explique cuáles fueron los criterios utilizados para avanzar con recortes tan profundos en programas vinculados al acceso a medicamentos, la investigación contra el cáncer, la alfabetización, la infraestructura escolar y el mantenimiento de rutas nacionales”, remarcó.

Hasta el cierre de esta nota, los gobernadores no habían instruido a los legisladores que les responden en ambas cámaras para coordinar alguna postura contra el ajuste, votando contra los proyectos que impulsa por estos días el oficialismo en el Poder Legislativo. Tampoco los bloques de Provincias Unidas y la UCR tenían una postura unificada a nivel parlamentario, según fuentes consultadas en esas dos bancadas.

El propio Adorni, paradójicamente, gozaba este martes todavía del blindaje de los diputados aliados del gobierno, que se resisten a dar quórum en la sesión convocada para el jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, con el propósito de dictaminar un proyecto para interpelar y, eventualmente, echar al jefe de Gabinete. “La interpelación es un error, no le voy a dar el gusto porque, si lo interpelamos, se va a ir como una víctima”, opinó una diputada de peso.

Desde el peronismo reconocieron que derogar una decisión administrativa sería demasiado, por más que sea un espanto el contenido.

El ex legislador y director del Instituto Consenso Federal (ICF), Alejandro “Topo” Rodríguez, alertó que “el guadañazo de Milei llegó hasta el campo”. “Entre las 588 páginas de los anexos de la DA 20/2026, el gobierno recortó más de 2400 millones del Fondo de Emergencia Agropecuaria, que se usa para asistir a pequeños y medianos productores que sufren problemas o inviabilidad productiva por inundaciones o sequías”, apuntó.

El programa en cuestión es el de Gestión del Riesgo Agropecuario, administrado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Su funcionamiento consiste en evaluar los informes que se elevan desde los comités de emergencia locales hasta las autoridades de aplicación de cada provincia y, desde allí, a la Nación pero este decreto lo deja casi desguazado.