El gobierno de Axel Kicillof puso en marcha un operativo para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario. La iniciativa se desarrolla a través de la Agencia de Recaudación bonaerense y en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, mediante cruces de datos.
ARBA detectó inicialmente alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan en conjunto $798 millones en deudas del Impuesto Inmobiliario y que, sin embargo, podrían acceder a exenciones. El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.
Según explicó el titular de ARBA, Cristian Girard, el organismo recaudador llevará adelante operativos casa por casa junto a los municipios para gestionar de forma simple la exención. “El beneficio incluye tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio significativo para quienes se encuentran en situación de mora sin haberlo buscado”, explicó Girard.
Además, la provincia solicitará formalmente a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal e identificar a quienes podrían acceder a la exención sin saberlo, facilitándoles el trámite en caso de cumplir con los requisitos.
Girard destacó que el gobierno está trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. “En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”, dijo.
Además agregó que los jubilados pertenecen a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor, por lo que adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa. “Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”, dijo.
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