El juez federal de Rosario Gastón Salmain está procesado por delitos de corrupción considerados de extrema gravedad institucional. Tiene prohibida la salida del país y el único motivo por el que no está preso es porque sus fueros como magistrado lo protegen. Pese a eso la Cámara Federal de Rosario le acaba de asignar un juzgado en la ciudad de Santa Fe, que se añade al tribunal de Rosario en el que sigue en funciones.
Salmain es juez civil y comercial en Rosario pero el camarista federal Aníbal Pineda le asignó la subrogancia en el juzgado federal 2 de Santa Fe para cubrir la licencia del juez Aldo Alurralde que está de vacaciones entre el 9 y el 19 de febrero. Anteriormente le habían puesto a cargo también en la misma ciudad del juzgado federal 1. Por lo que manejará tres juzgados.
El 26 de diciembre pasado Salmain fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros por intentar cobrar un soborno tras ordenarle al BCRA la venta de 10 millones de dólares en billetes a un fideicomiso explotado por el financista rosarino Fernando Whpei mientras regía el cepo bancario. El juez le impuso también un embargo de 200 mil dólares sobre sus bienes. Le imputaron los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Ahora la Cámara Federal de Rosario, pese a esta situación, coloca a Salmain en un juzgado nuevo, por la cual además cobrará una remuneración adicional, con la función de definir conflictos empresariales y también del fuero contencioso administrativo, que trata los litigios donde participa el Estado. ¿Por qué motivos hace esto con un magistrado que tiene diversos trámites opacos con denuncias en el Consejo de la Magistratura?
Fuentes de tribunales dijeron a LPO que hay razones complejas que llevan a esta decisión. La primera es que la Cámara Federal tiene como tradición que no rompe hace más de 40 años asignar subrogancias al que está en la misma ciudad o en la más próxima y que solamente hay cuatro magistrados, ya cargados de trabajo extra, para cubrir once juzgados. Además el camarista Pineda, que firmó la resolución, tiene que resolver en semanas la apelación al mismo trámite por el cual Salmain está procesado por la coima en el fideicomiso.
“Si saltea el mecanismo usual de subrogancias o directamente no le da una subrogancia con toda seguridad Salmain va a alegar prejuzgamiento y recusar al camarista que debía designarlo y que tiene que resolver el caso de los sobornos. Frente a ese dilema el camarista optó por asignarle la subrogancia y evitar ser apartado. Porque además Salmain de manera sistemática recusa a los jueces de cámara. En general con el argumento de que sufre un complot armado por magistrados y periodistas”, le dijo a este medio un funcionario judicial.
Es una situación controvertida porque para evitar ser recusado un camarista habilitó a un magistrado con dos procesamientos y con un historial previo de corrupción a manejar los casos de un nuevo juzgado. ¿No era preferible que lo recusaran a que un juez con esos antecedentes controle un juzgado más? Es la pregunta que palpita en el caso.
A esta situación se llega por la demora del Consejo de la Magistratura de la Nación en tomar medidas rápidas contra un juez que tiene una secuencia de hechos viciados, de gravedad institucional, cuando hace más de ocho meses tiene denuncias diversas, incluso de una diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini.
“Si el Consejo lo hubiera suspendido no habría que resolver ninguna subrogancia. Pero se tomaron cuatro años para empezar a actuar con Bailaque. Así que por ahí ocho meses para Salmain a los consejeros hasta les parece lógico”, ironizó con bronca un funcionario de otro estamento de la Justicia Federal, en referencia a Marcelo Bailaque, magistrado de Rosario que está con prisión domiciliaria por hechos de extorsión y corrupción, que renunció como juez el año pasado pero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura en 2020, que durmió los legajos cuatro años.
A fines de diciembre Vera Barros dio por válido el planteo fiscal de que Salmain gestionó un soborno para dictar una cautelar requerida por el financista Whpei, que alegaba tener que afrontar una deuda con una firma de Países Bajos en 2023. Le impuso al BCRA vender 10 millones de dólares en billetes. La sospecha de los fiscales, sustentadas en la declaración del arrepentido, es que era para llevarse 200 mil dólares, producto de la diferencia de cambio entre los billetes tomados a precio oficial y vendidos en el blue.
En 2002 la Corte Suprema de la Nación echó del Poder Judicial a Salmain, que por entonces era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria que manejaba los sorteos de expedientes, a fin de direccionar un caso al tribunal en el que se desempeñaba. Salmain es investigado porque omitió consignar esto en su curriculum al concursar en diversas ocasiones para ser juez, lo que logró en 2023, cuando lo designaron en Rosario y el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti asistió a su jura.
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