La derrota de Techint en la licitación de los caños del gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro desató una feroz pelea entre el conglomerado de Paolo Rocca y el gobierno de Javier Milei, que a través de Federico Sturzenegger salió a festejar la adjudicación a una empresa india y reveló que el empresario ítalo-argentino pidió tener el privilegio de conocer todas las ofertas y poder igualarlas.
El ministro de Desregulación fue el encargado de salir a responderle a Techint y lejos de intentar bajar la tensión, escaló la pelea al máximo. Sturzenegger resaltó que el grupo de Rocca ofreció bajar un 40% su precio inicial -dando a entender el sobrecosto habitual que tienen sus ofertas- y también habló del first-refusal que exigió para que Tenaris pudiera igualar cualquier oferta.
“Techint habría ofrecido los caños 40% más caros”, agitó Sturzenegger. “Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, agregó el ministro, que aventuró que ese sobrecosto se habría cubierto con un aumento del gas.
Fracasó el lobby de Rocca: Techint perdió el gasoducto de Río Negro porque quiso cobrar un 40% más
“No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales, ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”, lanzó Sturzenegger, en un posteo que pareció un quiebre entre Rocca y el gobierno.
“Aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, denunció Sturzenegger.
Paolo Rocca
Sturzenegger planteó que aún con la súbita rebaja de precios por parte de Techint en su opinión tampoco deberían darle el contrato, por las ventajas obscenas que habría tenido.
“Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ‘me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta’. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena”, detalló Sturzenegger.
Como contó LPO, a pesar de las presiones de Rocca y su ex empleado y ahora CEO de YPF, Horacio Marín, las petroleras de Vaca Muerta (agrupadas en el consorcio Southern Energy) le dieron la provisión de caños para el gasoducto de casi 500 kilómetros a la empresa india Welspun, que hizo una oferta 40% inferior a la de Techint.
Marín, que trabajó 35 años para Rocca, hizo un fuerte lobby para que la licitación quede para Techint, pero chocó con sus socios. El CEO de YPF propuso darle a Siat-Tenaris, la empresa de Techint, más alternativas para mejorar su oferta, pero la diferencia era muy grande. Esta crisis del gobierno con Techint pone un interrogante sobre el futuro de Marín.
Rocca también movilizó en el lobby a sus empleados de la Unión Industrial Argentina (UIA) y a medios amigos con los que comparte directorio en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), por lo que se desprende que el tema seguirá escalando.
Pero el caso del gasoducto a Río Negro también abre interrogantes sobre los costos de proyectos previos en los que se impuso la oferta del grupo de Rocca, como el gasoducto Néstor Kirchner, que no tuvo una licitación tradicional porque el gobierno de Alberto Fernández argumentó que la obra debía hacerse de urgencia.
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