La masacre desatada en Río de Janeiro por el mega operativo de la Policía del Estado abrió un fuerte debate alrededor del poder de estas organizaciones criminales.
El origen de esta organización se dio en 1969, tras la unión entre delincuentes comunes y militantes de izquierda detenidos en las mismas cárceles durante la dictadura militar en Brasil entre 1964 y 1985 por la llamada Ley de Seguridad Nacional.
Con el tiempo, el grupo se extendió y comenzaron a cometer toda clase de delitos con el fin de propiciar de dinero a los miembros que seguían presos. La segunda misión de los que habían recuperado la libertad, en tanto, era reclutar nuevos integrantes.
Inicialmente, se llamaba Falange da Segurança Nacional para luego pasar a llamarse Falange Vermelha y años más tarde, la prensa lo bautizó como Comando Vermelho. Luego, el grupo empezó a organizar fugas y con el dinero que le robaban a los bancos se metieron en el negocio de la cocaína.
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En la década del 80, Colombia era la principal productora de esa droga y provocó un cambio en las rutas del trafico de drogas. En ese proceso, Brasil se volvió un lugar intermedio en la salida de la cocaína a Europa.
Entrada la década de los noventa y tras varios años de disputas territoriales, Río de Janeiro tuvo su pico de violencia narco. En 1994, hubo 64,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, un índice bastante más alto que el actual, que es de 24,3.
El experto criminólogo, Juan Martens, explicó a LPO que “el CV no tiene las dimensiones del PCC, pero sí la logística para estar prácticamente en todo el territorio brasileño y proveerse de mercaderías en los países vecinos. Es una empresa criminal que tiene mucha presencia popular en las favelas y también incluso hay narrativas, músicas que fomentan la adhesión a ese grupo. entonces es uno de los grandes actores del crimen organizado de América Latina”.
Para Martens”es una masacre más con tinte electoral, con tinte populista antes que con un abordaje integral de la problema de la seguridad en Brasil. Además, solamente ataca a gente empobrecida que que viven las favelas y no a los grandes narcotraficantes que viven en mansiones de lujo. Entonces más que un abordaje de la seguridad es para mí forma parte de una campaña electoral del gobernador”.
El especialista sostiene que “lo de las Fuerzas Armadas en en el combate a la violencia urbana interior está demostradísimo con el caso de México que no funciona aumentan las muertes aumenta la violencia aumenta la corrupción”.
“México, Colombia, Brasil y Paraguay son ejemplos que podemos usar para demostrar que efectivamente ese no es el camino para garantizar seguridad ni garantizar derechos fundamentales a los habitantes de un territorio o sea la militarización en América Latina demostró que fracasó con todos estos ejemplos de países en donde se intentó usarlo sin ningún tipo de éxito en cuestiones de seguridad pero sí muy exitoso para ganar dinero hacer negocios vender armas o sea desde ese punto de vista la militarización es un negocio redondo y ha sido un negocio redondo”, agrega.
Entre 2022 y 2023, la organización aumentó en un 8,4% las áreas bajo su control y recuperó el liderazgo perdido frente a las milicias en años anteriores. Con ello, pasó a representar el 51,9% de las áreas dominadas por grupos armados en la Región Metropolitana de Río.
En los últimos seis años, el Comando Vermelho amplió su presencia a 25 estados. El tráfico de drogas sigue siendo el centro de sus actividades, sobre todo con el dominio de zonas fronterizas, como la Amazonia, donde la facción y el Primeiro Comando Capital amplían sus rutas.

Pero las ganancias ya no provienen solo de las drogas. Según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el crimen organizado movió, en 2022, alrededor de US$273.300 millones en mercados ilegales de oro, combustibles, bebidas y tabaco.
El desastroso operativo dejó de manifiesto la enorme cantidad de armas que maneja el grupo. LPO pudo confirmar que el gobierno de Río de Janeiro realizó una investigación interna a principios de año en donde confirma que la gran cantidad de armas que los criminales tienen no son producidas en Brasil.
Entre las armas que crecieron de manera exponencial está fusil y otras armas de guerra acá que explican el grado de violencia y muestra un cambio de 180 grados en la metodología de acceso no solo a las armas sino a diferentes elementos de tecnología que era mediante ventas ilegales procedentes de Paraguay o desvíos de las propias fuerzas de seguridad nacional.
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La flexibilización del acceso a las armas, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro aumentó exponencialmente los registros de Coleccionistas, Tiradores y Cazadores (CAC), y algunos de ellos llevan sus armas legales al crimen organizado. Según el Instituto Sou da Paz, el 50% de las incautaciones en el sureste del país son de armas desviadas, el 30% de armas ensambladas y el 20% de los CAC.
En efecto, la combinación de poder económico, territorial y armamentirstico les permitió convertir en un verdadero estado paralelo que implica un desafío enorme para la política.
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